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He leído muchos análisis estos días acerca de la constitución que necesitamos pero pocos de ellos (excepto este de Lorena Ruiz Huerta) explicitan que es necesaria una nueva constitución que parta de la consideración de las mujeres como sujetos políticos plenos. La Constitución actual fue redactada por 7 Padres que no tuvieron en cuenta que la ciudadanía está compuesta por hombres y mujeres y que, por si fuera poco, ni siquiera se molestaron en incorporar alguna de las aportaciones que el pujante Movimiento Feminista de entonces quiso hacer. Y parece que las cosas no han cambiado mucho cuando el Consejo Asesor que se ha formado en el Congreso de los Diputados para conmemorar el 40 aniversario de la Carta Magna, está formado por 30 hombres y 8 mujeres. 

Las constituciones son fruto de un determinado pacto social por el que los grupos sociales acuerdan equilibrios y valores colectivos. Los análisis que piden la apertura de un proceso constituyente insisten, con razón, en que el pacto social que dio origen a nuestra constitución está hoy roto. Eso es cierto, pero lo que dichos analistas no consideran es que aquel pacto social estaba basado en un previo pacto o contrato sexual, por utilizar la denominación que aportó Carole Pateman a la filosofía política del siglo XX. Reeditar otro pacto social sin considerar el contrato sexual subyacente no nos vale a las mujeres. Pateman explica cómo tras la caída de las monarquías absolutas, las sociedades modernas y sus constituciones fueron el resultado de pactos entre varones que instituyeron sus equilibrios, pero también las reglas de acceso al cuerpo de las mujeres, la división del mundo en los ámbitos público y privado, y con ello la división sexual del trabajo sobre el que se levanta desde entonces nuestro edificio social, político y económico. Así, ese pacto sexual previo permitió invisibilizar esa esfera doméstica en la que las mujeres trabajan de manera gratuita y permitió también que cuando ellas salieron, con muchas dificultades, al ámbito público, se les pagaran salarios menores, puesto que la figura del ciudadano proveedor era la del varón, siendo el salario de ella complementario del primero. Además, dicho contrato social daba por hecho, ya que los contratantes eran los varones, que la reproducción era una cuestión de las mujeres en exclusiva, por lo que todo lo que ellas pudieran hacer estaría supeditado a esta función; de ahí que, por ejemplo, los contratos a tiempo parcial o el trabajo discontinuo estuvieran pensados para las mujeres, que no pueden elegir ya que el trabajo reproductivo lo tienen que hacer ellas en cualquier caso. No son las mujeres consideradas ciudadanas iguales en dicho pacto, sino siempre “sólo” mujeres; mujeres que cuando acceden a ese espacio público se encuentran con que no son bien recibidas, su trabajo es sistemáticamente minusvalorado e infrapagado y, además, en tanto que siempre son “sólo” mujeres van a estar en riesgo de sufrir acoso sexual permanente, tanto en el trabajo como en la calle. 

No son las mujeres consideradas ciudadanas iguales en dicho pacto, sino siempre “sólo” mujeres; mujeres que cuando acceden a ese espacio público se encuentran con que no son bien recibidas

El empleo, las pensiones, los salarios, las inversiones, las políticas públicas y el sistema de asignación presupuestaria…están pensados por y para los hombres, por y para sus necesidades. Lo que las mujeres hacen en el espacio reproductivo o en las familias está en la base de todo, pero no se ve y no se permite que se vea. Y cuando se ve, cuando las mujeres ocupan empleos en el mundo público estos son sistemáticamente considerados menos importantes y por tanto obtienen una menor remuneración. En las modernas constituciones, lo que se entiende por economía productiva es aquello que hacen sobre todo los hombres porque ese trabajo que hacen obligatoriamente las mujeres, y que en realidad, permite que todo lo demás pueda hacerse, no se cuantifica y, por supuesto, no se valora.  Sin ir más lejos nos ha llegado de  Europa la recomendación de incorporar al PIB de los países europeos actividades económicas alegales o directamente ilegales como la prostitución o el narcotráfico, que suponen el 2% de la riqueza. Por el contrario,  el trabajo que se presta dentro de los hogares supondría un 36% del PIB [Funcas eleva este porcentaje hasta el 42'5%], pero ese no se quiere considerar como parte de la riqueza nacional; se trata en realidad de una transferencia sistemática de recursos de las mujeres a los hombres y al sistema que constituye una relación de explotación que sigue vigente y que las constituciones amparan y protegen. 

Y la crisis, la ruptura de ese pacto social al que hacen referencia los analistas, ha empeorado aún más la posición de las mujeres; aun así las cosas todavía tienen margen para empeorar todavía más. No me cansaré de decirlo: el neoliberalismo tiene una agenda oculta para las mujeres; una agenda que en tiempo de igualdad formal no se va a explicitar, pero es obvio que la privatización de la vida, el desempleo sistémico, los bajísimos salarios, el abandono de la sanidad pública y todo aquello que llamamos el cuidado (la dependencia, la vejez, la enfermedad…) conduce a la necesidad política de que las mujeres regresen a su antiguo rol de cuidadoras y trabajadoras reproductivas y domésticas a coste cero. Por lo mismo es evidente que no se está apostando por una reorganización del sistema de trabajo, por una distribución igualitaria de empleos y tiempo, por considerar los empleos relativos a la esfera del cuidado objeto prioritario de inversión pública, por combatir la división sexual del trabajo. Desde Reagan en EE.UU. (donde primero se ven esas tendencias), la presión sobre las mujeres trabajadoras para que abandonen el mercado de trabajo o para que, al menos, se conformen con salarios complementarios, ha sido muy fuerte y sigue siéndolo y se han utilizando todo tipo de estrategias, desde las fiscales a las epidemias de pánico moral, como la que se dio en los 80 contra las escuelas infantiles. 

El contrato social está roto, sí, pero el contrato sexual, si bien debilitado, amenaza con recomponerse. No olvidemos, además, que la posición de las mujeres funciona como amortiguador social; es decir, como dijo Engels, no es lo mismo que los trabajadores pobres sean los últimos de la cadena a que detrás de ellos haya alguien más pobre que ellos mismos: sus mujeres.  Necesitamos un nuevo pacto que rompa con este modelo social, económico y político pero también con este modelo patriarcal que es constitutivo de las democracias, y las constituciones liberales. Necesitamos un pacto constituyente para terminar con la división sexual del trabajo, que reconozca que se produce una transferencia sistemática de recursos de las mujeres a los hombres y al sistema, que nos nombre, que hable también en femenino, que instaure la paridad como consustancial a la democracia, que combata de verdad la insoportable violencia que padecemos, que nos otorgue autonomía completa sobre nuestros cuerpos, que proteja nuestro tiempo y que lo redistribuya en todo caso, que valore nuestro trabajo, que organice socialmente el cuidado como responsabilidad del estado, que incorpore indicadores del bienestar no androcéntricos distintos a los que vienen usándose. En definitiva, necesitamos una constitución que sea fruto de un nuevo pacto sexual, además de social. Un pacto en el que las mujeres, por primera vez sean consideradas sujetos de sus vidas y no objetos para las vidas de otros. 

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Beatriz Gimeno es diputada de Podemos en la Asamblea de Madrid. Feminista.