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Una constelación de factores ha contribuido a que la educación sea una de las cuestiones más controvertidas en los casi cuatro años de gobierno del Partido Popular. Es uno de los campos en los que se ha librado la batalla ideológica que han mantenido los, hasta ahora, dos grandes partidos españoles, a los que se han venido sumando otras voces, otros actores y recientemente otros partidos. 

La educación es un campo privilegiado para observar las distintas cosmovisiones que subyacen a las propuestas de los diferentes grupos. Como observó Marina Mantini, las múltiples perspectivas desplegadas en los conflictos de esta legislatura sobre la educación tienden a condensarse en dos macrorrelatos: por un lado, el PP defendía el relato de la politización, que afirma que las reformas en educación son “necesarias y positivas” y que las protestas generadas surgen únicamente por “la voluntad de crear un conflicto político”. Por otro, una extensa oposición sostuvo el relato de la posición ideológica, que considera que el gobierno “se aprovecha de la crisis económica para desmantelar el sistema educativo público”, siguiendo un modelo elitista. “Escuela pública, de todos/as y para todos/as”, rezaba el lema de las Mareas Verdes que desde muy pronto definieron así lo que estaba en juego. Frente a ello, no por conocido debe olvidarse el artículo que Mariano Rajoy Brey publicó a comienzos de su carera política en El Faro de Vigo, ‘Igualdad humana y modelos de sociedad’, en el que da cuenta de una visión ultraelitista y ultracompetitiva de la humanidad. 

Desglosando las varias perspectivas observamos que entre las muchas controversias que generan las políticas del PP destaca la jerarquización de sus partidas presupuestarias. Los recortes en educación, que se han tratado como un problema derivado de la crisis, o como “racionalizaciones”, son antes que nada una cuestión de opción en el presupuesto, una decisión acerca de cómo repartir nuestros recursos. Prueba de ello es que otros países que han sufrido la crisis apenas han recortado en educación, como es el caso de Francia. Por ejemplo, el gasto militar real en España (que incluye las partidas escondidas en otras carteras, como Industria, Interior o Exteriores) ha descendido de 2008 a 2015 un 17,99%, mientras que la inversión en Educación ha caído hasta un 22,5%. Estas decisiones dejan claro que el Partido Popular no ha escuchado aquella máxima de Benjamin Franklin que aseguraba que lo único más caro que la educación es la ignorancia.

Controvertidos son también los recortes en Investigación y Ciencia. La reducción de becas, de dinero para organismos como el CSIC, para I+Ds, de estancias de formación en el extranjero y de un larguísimo etcétera han mutilado todos los recursos de investigación y han afectado gravemente a las universidades públicas, que además han sufrido que no se reponga sino un 10% de su personal funcionario. Las numerosas protestas de investigadores y científicos popularizaron el lema “Sin ciencia no hay futuro”. Trabajadores del CSIC informaban a finales de 2014 de que la inversión en investigación ha caído un 40% desde el comienzo de la crisis. Subrayaban que, en este contexto, la marcha de los investigadores españoles no es un fuga de cerebros, sino un exilio en toda regla.

Un punto central en las controvertidas políticas educativas del último gobierno del PP ha sido la disposición hacia la Iglesia, materializada en la obligatoriedad de ofertar la asignatura de Religión (católica, por supuesto) que, para aquellos que la cursen, puntúa igual que las demás asignaturas, junto con la supresión de Educación para la Ciudadanía, descalificada como un órgano de adoctrinamiento de los socialistas. Optar por volver a dar preeminencia a la religión frente a una escuela aconfesional y laica se consideraría un fleco del anciene régime en cualquier otro país postilustrado y, sin embargo, aquí ha vuelto una vez más a centrar el debate en el periodo del ministro Wert.

No ha dejado de ser polémica la decisión de adelantar la edad de especialización de los alumnos, que deberán escoger ya a los 15 años si optan por la Formación Profesional o el Bachillerato, una decisión temprana que desaconsejan organismos oficiales como la OCDE. La oposición defendió la educación integral, multidisciplinar y humanista contra lo que Ortega bautizó como la “barbarie del especialismo”, que precisamente consiste en potenciar desde muy temprano la formación de personas que dominan una pequeñísima parcela de la realidad pero que fuera de ella lo ignoran todo.

En las comunidades autónomas han resultado particularmente controvertidas las políticas lingüísticas llevadas a cabo por el PP que más adelante repasamos. En uno de sus característicos deslices, a José Ignacio Wert se le ocurrió decir que la LOMCE serviría para “españolizar” a los alumnos catalanes, una expresión que aunque se ha sacado frecuentemente de contexto sonaba a provocación. Y es que una de las principales controversias la ha suscitado la actitud del propio ministro, que ha mostrado muy poco respeto por las formas y los modos de hacer de la democracia, acusado de no buscar el diálogo y de hacer gala de una actitud autoritaria impropia de un representante público. Según una reciente encuesta del CIS, hasta hace poco era el ministro peor valorado del Gobierno (1,36 sobre 10). Wert ha logrado el consenso, pero en contra, incluyendo a su hermano, Juan Pablo Wert, profesor de Historia del Arte en la UCLM, que protestó enérgicamente contra sus políticas educativas. 

Si Wert ha dejado de ser el peor valorado de los ministros es, sencillamente, porque ya no es ministro. Pero ni siquiera su reciente salida del gobierno ha estado exenta de polémica. Desgraciadamente, el sustituto de Wert, el aristocrático y ultracatólico Méndez de Vigo, no hace esperar políticas muy diferentes.

Casi medio siglo sin acuerdo

Los problemas en educación tienen ya un largo recorrido histórico. Las leyes se han ido sucediendo conforme accedían al poder los diferentes partidos. 

La llegada de José Luis Rodríguez Zapatero paralizó la ley anterior y supuso la elaboración de una nueva: la LOE (Ley Orgánica de Educación), publicada en mayo de 2006. En el segundo mandato del último presidente socialista, el ministro Ángel Gabilondo trató de llegar a un acuerdo sobre educación que incluyera a todos los sectores implicados. Ese acuerdo fue rechazado en el último momento por el Partido Popular. Inmediatamente después, en el primer año de legislatura del PP, empieza a prepararse la llamada LOMCE (Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa,  de diciembre de 2013). , considerada como la ley más polémica de todas. Muchos apuntan a que nació muerta: su puesta en marcha está en entredicho tras la oposición de un número importante de los gobiernos de las Comunidades Autónomas salidos de las urnas el pasado 24 de mayo, y tanto el PSOE como Podemos han afirmado que si llegan al poder la derogarán inmediatamente. 

Reseñar exhaustivamente los numerosos conflictos y polémicas que han tenido lugar durante estos años resulta imposible. Lo que hacemos a continuación es destacar algunos de los actores, perspectivas, acciones y controversias implicados. 

Una reforma marcada por la ideología

La llegada de Mariano Rajoy al gobierno a finales de 2011 se produce en un ciclo negativo de la economía derivado de la crisis y de su gestión. Desde el principio dejó claro su interés por meter mano a la educación. Que el Partido Popular se negara a firmar el pacto con el PSOE en la legislatura anterior, era ya una declaración de intenciones. La clave de esta negativa puede estar en unas palabras del Ministro de Educación en una entrevista concedida al diario El País en diciembre de 2012, en la que reconocía que para él la educación no es “un mundo al margen de la ideología”.  El ministro trataba de defender su voluntad de pacto pero no admitía que fuera una conditio sine qua non para hacer una reforma educativa. Wert se pondría manos a la obra y en julio de 2012 se harían públicas sus propuestas. El gran argumento para la reforma era la alta tasa de fracaso escolar –tasa que, como se verá, apenas ha descendido en estos años, manteniéndose en la recta final de la legislatura como la más alta de Europa–. Pero más allá de las justificaciones, lo cierto es que la ley que se proponía recogía muchas propuestas de la fenecida reforma del PP de 2002. 

Como anticipábamos, algunos de sus aspectos más polémicos tenían que ver con el adelanto de la elección obligatoria de itinerarios a 3º de la ESO,  la imposición de reválidas al final de las diversas etapas (Primaria, ESO, Bachillerato) y la reducción y la desaparición de algunas asignaturas. Por otra parte se proponía dar más autonomía a los centros, mejorar el aprendizaje de idiomas extranjeros y el uso de las tecnologías. Esta declaración de intenciones se concretaba después en propuestas muy polémicas. Entre ellas la desaparición de Educación para la Ciudadanía, aunque también de la Ética y las Ciencias del Mundo Contemporáneo, así como la reducción de otras como la Tecnología, la Música y la Plástica. Se pretendía, por el contrario, aumentar el tiempo dedicado a las Matemáticas y al Lenguaje. Por lo que respecta a la asignatura de Religión, otro de los caballos de batalla, se propone que no sólo su calificación cuente para calcular la nota media de los expedientes, sino que los que no la eligen tengan que cursar una alternativa (algo que Wert había pactado en sigilo con los obispos). La prometida autonomía de los centros se acompañaba de medidas como la reducción del Consejo Escolar a un órgano consultivo y el nombramiento de los directores de los centros, que en última instancia dependería de la administración.

Otra cuestión capital afectaba a la enseñanza privada. Al tiempo que se daba un giro a la política de la concertación con los centros privados, se hacía pública la intención de asegurar la subvención a centros que segregaban por sexo a los alumnos (lo que por otra parte contradecía la doctrina del Tribunal Supremo). Otras medidas adelantadas afectaban a las competencias de las Comunidades Autónomas. Aunque después se estaría dispuesto a reconsiderarlo, en un primer momento se propone fijar los contenidos comunes necesarios para la adquisición de las competencias básicas, los cuales requerirán “el 65% de los horarios escolares en comunidades autónomas que tengan lengua cooficial y el 75% para aquellas que no la tengan”.  

A pesar de la importancia que tenía la decisión de modificar la ley, los conflictos en educación no comenzaron con el proyecto de la LOMCE. Antes ya se habían tomado algunas medidas muy contestadas. El 21 de abril se publica en el BOE el Real Decreto 14/12, sobre “medidas urgentes de racionalización del gasto público en el ámbito educativo” que reducía el presupuesto educativo el 14,4% con respecto al año anterior y un 31% con respecto a 2010. Naturalmente este recorte de la inversión en educación afectaba a capítulos tan importantes en el presupuesto como la contratación de los profesores y a las becas. Según el Boletín Estadístico de Personal de Servicio de las Administraciones Públicas, entre enero de 2012 y julio de 2013 se perdieron cerca de 33.000 profesores. Inevitablemente, la disminución de profesores implicaba también una subida de la ratio profesor/alumno. Los presupuestos incluían una reducción de las becas y las ayudas en un 3’8%.  Especialmente afectados serían los alumnos con becas Erasmus, cuyo presupuesto se reduce en un 60%, una mala noticia que se suma al anuncio de las dificultades que tiene la Unión Europea para el pago del 30% que le corresponde. Algo similar ocurrirá con las becas Séneca, para la movilidad interior. Aunque el Real Decreto no daba cifras precisas, establecía que las tasas universitarias (a pagar por los estudiantes) debían cubrir entre el 15% y el 25% del coste de los estudios y mucho más en el caso de los repetidores (del 30% y el 40% en segunda matrícula y entre el 65% y el 100% en las sucesivas).  

Entre enero de 2012 y julio de 2013 la enseñanza pública ha perdido cerca de 33.000 profesores

Todas estas medidas suscitaron una reacción de repulsa que se concretó en diversas acciones. La publicación del Real Decreto 14/12 dio lugar a la huelga general de todo el sector educativo el 22 de mayo y que, por primera vez, agrupaba a todas las etapas, desde la enseñanza infantil a la universitaria. Convocada por los cinco sindicatos de la enseñanza, participaron en ella movimientos y plataformas ciudadanas, como la Marea Verde, constituida en Madrid a principios del curso escolar 2011-2012, para luchar contra la política educativa del gobierno de Esperanza Aguirre. No serían estas las únicas protestas. El 18 de octubre tuvo lugar una manifestación que cerró tres días de huelga convocada por estudiantes y padres de alumnos y todavía el 14 de noviembre se convocó una huelga general con manifestaciones masivas en las principales ciudades del país. A estos conflictos se añadían otros en los que estaban involucradas importantes instituciones educativas. Así, por ejemplo, los representantes de diversas asociaciones no afines al gobierno en el Consejo Escolar del Estado abandonan la reunión en la que se debate sobre el proyecto, y, también, un día después de la huelga general, los rectores de las universidades dejaron plantado al ministro por negarse éste a discutir sobre la subida de las tasas. Días después rectificaría y se entrevistaría con los rectores.  

El año 2012 se cerraría con una polémica auspiciada por el ministro Wert: la del conflicto lingüístico con Cataluña. En el contexto del aumento del porcentaje de coste que se proponía imponer a las autonomías, el gobierno pretende –en palabras de la Secretaria de Estado, Montserrat Gomendio en El País (12/12/2012)– aplicar las sentencias del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo para “garantizar el derecho de los alumnos a elegir el castellano como lengua vehicular en la enseñanza”. Su argumento se basaba en que Cataluña es la única comunidad que “solo oferta el modelo de inmersión lingüística que discrimina a favor del catalán, excluyendo al castellano como lengua vehicular”. La reacción catalana no se hizo esperar: los sindicatos, las asociaciones de padres, estudiantes y movimientos pedagógicos convocan una jornada de lucha para el 13 de diciembre. Por su parte el Gobierno catalán y los partidos políticos, a excepción del Partido Popular y Ciutadans, firman un pacto de insumisión a la ley Wert, reivindicando una escuela catalana. La polémica se prolongaría durante los meses siguientes. 

El ministro Wert se queda solo

Durante 2013 las protestas siguieron en la calle y en las diferentes instituciones educativas. Pero este año iba a ser el año de la LOMCE, cuya aprobación definitiva por las Cortes tiene lugar el 18 de noviembre (BOE  de 9 de diciembre). La ley había salido adelante pero por el camino quedaban un sinfín de conflictos. El rechazo de toda la oposición se concreta en un compromiso para abolirla en cuanto sea posible. El enfrentamiento no cesará.  

Las manifestaciones y huelgas no habían dejado de sucederse a lo largo de todo el año. Ya en enero docentes, alumnos y padres convocan nuevas movilizaciones de protesta que se llevan a cabo del 5 al 7 de febrero. Unos meses después, el 9 de mayo, se convoca otra gran huelga general en la que, de nuevo se presentan unidos todos los niveles y sectores educativos a excepción de la CONCAPA (Confederación Católica de Padres de Alumnos). El sentimiento general es que la enseñanza pública está en serio peligro. Tres semanas antes el ministro Wert se había reunido con los sindicatos sin resultado alguno. La enseñanza concertada también está descontenta y a finales del mes de mayo lleva a cabo acciones de protesta por la retirada de 26 millones de euros en subvenciones. Lo mismo ocurre con la formación profesional, que también ve mermadas las subvenciones. La entrada de la ley en el Parlamento para su discusión también dio lugar a movilizaciones por parte de la Plataforma por la Educación Pública, integrada por los sindicatos CCOO, STES, UGT y CGT, la Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos (Ceapa), el Sindicato de Estudiantes, la Federación de Asociaciones de Estudiantes Progresistas (Faest), los Movimientos de Renovación Pedagógica (MRPs) y Estudiantes en Movimiento. El 17 de octubre esta Plataforma entrega en la Moncloa un millón de firmas contra la ley. Todas estas movilizaciones culminarían en el otoño cuando es aprobada. A finales de octubre el Sindicato de Estudiantes amenaza con una huelga indefinida. Finalmente se convoca para el 24 de noviembre una nueva huelga que estuvo precedida por protestas los días anteriores.  

No sólo hubo protestas y oposición en la calle. El Consejo Escolar del Estado, casi siempre dividido por la procedencia de sus miembros –la Administración, las familias, la patronal, los sindicatos o los empresarios–, en algunos momentos se pone de acuerdo para pedir algunas modificaciones de la ley. Demandó, primero, una memoria económica que acompañara a la ley. Pidió después que hubiera un gran acuerdo de las fuerza políticas que diera estabilidad al sistema, que se mantuviera la asignatura de Educación para la Ciudadanía y que la religión quedara fuera del currículo. Finalmente, también se opondría al sistema de becas.

Pero aparte de las movilizaciones que infructuosamente intentan parar una ley destinada a ser aprobada por la mayoría absoluta en el Parlamento del Partido Popular, otros asuntos relevantes que no estaban directamente relacionados con la LOMCE fueron objeto de polémica. Dos de ellos ocuparon un lugar destacado: las becas y los recortes. A mediados de año, el ministro Wert abre un nuevo frente con la reforma del sistema de becas que básicamente supedita la concesión al expediente académico. En un primer momento, el ministro propone que la calificación mínima para la obtención de una beca sea una media del 6,5. Pero en esta ocasión a esta propuesta se oponen tanto el Consejo Escolar del Estado como las autonomías, incluidas las gobernadas por el PP, y los rectores de las universidades. El ministro parece quedarse solo.

Según algunos cálculos, el nuevo sistema podría dejar fuera a unos 340.000 alumnos. A pesar de los esfuerzos para convencer de que el sistema primaba el esfuerzo, los críticos sostienen que se trataba de un nuevo recorte en el presupuesto. Finalmente el Gobierno aprueba en su reunión del 2 de agosto la calificación propuesta por el ministro para las carreras universitarias. Por si fuera poco, el ministro sostiene una disputa poco diplomática con la Comisión Europea entorno a las becas Erasmus. El Ministerio había difundido una noticia según la cual se preveía una reducción a la mitad de los ‘erasmus’ españoles. El portavoz de la Comisión desmintió la información calificándola de “basura”. Por lo que se refiere a las becas Sócrates, tampoco se convocarían para el curso siguiente. La polémica con los rectores no fue más amable. El recorte de las becas se sumaba a las subidas de las tasas. España se encuentra entre los países con tasas universitarias más altas y peores becas. En este contexto, el ministro se enfrentaría a otros desaires. En la entrega de los premios fin de carrera que tendría lugar en junio, una decena de estudiantes rehúsan saludarle como protesta contra la reforma educativa y los recortes presupuestarios. Semanas después, en una gala de homenaje a Teresa Berganza en el Teatro Real, en presencia de la Reina, el público abucheaba al ministro.  

Una marea de recortes, una marea de protestas 

El año 2014 abrió con más protestas, especialmente en los dos grandes archipiélagos: la huelga contra el trilingüismo en Baleares (que ya había sido convocada a comienzos del curso 2013/2014) regresó con fuerza. Paralelamente, en las Islas Canarias el ministro Wert recibió una fortísima pitada de más de 3.000 personas por las políticas y la desinversión de su ministerio. Los recortes afectaron entonces de forma particularmente sangrante a las subvenciones a los libros de texto, que percibieron un 40% menos de ayuda que en el año anterior (18,5 millones frente a 30,7 de 2013). Las vacas flacas afectaron también al impago de becas, que generaron múltiples protestas porque los estudiantes encontraban intolerable la bajada media de 300 euros/año y, sobre todo, que, a menos de tres meses del final de curso, faltaran más de la mitad por pagar (algunas no se cobrarían hasta mayo, en el caso de algunos estudios con el curso ya finalizado).

Los paros y protestas continuaron a lo largo de todo el año. El 23F, bajo el lema “contra el golpe de estado a la democracia”, regresó la marea ciudadana en protesta por los recortes, justo un año después de la anterior movilización. Pocos días más tarde se convocaría una marcha en Barcelona en contra de un modelo de educación que tachaban de “clasista”. 

Los paros y protestas continuaron a lo largo de todo el año. El 23F, bajo el lema 'contra el golpe de Estado a la democracia', regresó la marea ciudadana en protestas por los recortes, justo un año después de la anterior movilización 

Las huelgas del 26 y 27 de marzo volvieron a reunir a alumnos y profesores de educación secundaria, superior y universitaria por toda España en defensa de una “educación pública y de calidad”, con altísimos índices de participación. En el caso de la huelga de Secundaria y Bachillerato la secundó el 90% del alumnado, según el Sindicato de Estudiantes. Tan solo a finales de marzo se convocaron unas 50 marchas en toda España. En los meses siguientes destacaron la marcha de Neptuno al Ministerio de Educación en Madrid, la segunda Marea Verde del año que, como la del 23F y la del 20N, se quiso hacer coincidir con una fecha simbólica (en este caso el 17J, día de la coronación de Felipe VI), pero no se les permitió, por lo que finalmente transcurrió el 25 de junio. Poco antes del comienzo del siguiente curso tuvo lugar la segunda marcha educativa en Cataluña, en la que profesores y alumnos recorrieron 120 kilómetros vestidos con sus camisetas amarillas –el equivalente a las verdes usadas en el resto de España–, celebrando actos de protesta a lo largo y ancho del territorio. 

Meses antes, a mediados del mes de febrero, casi todos los partidos de la oposición –PSOE, CiU, Izquierda Plural (IU-ICV-CHA), PNV y ERC, BNG, Coalición Canaria, Geroa Bai, y Compromís– habían presentado una iniciativa para derogar la LOMCE, aprobada a finales del año anterior. Antes, los representantes de cinco comunidades autónomas no gobernadas por el PP –Catalunya, Euskadi, Canarias, Andalucía y Asturias, que representan el 52% del alumnado del Estado– le comunicaron al ministro Wert que sería imposible aplicar la ley a corto plazo, es decir, a partir del mes de septiembre de ese mismo año. No obstante, con el curso 2014/2015 llegaría la primera implantación de la LOMCE en las aulas, que comenzó en primero, tercero y quinto de Primaria (con la primera de las evaluaciones a nivel nacional en el caso de los alumnos de tercero) y en primero de la nueva Formación Profesional Básica. Y la polémica no se haría esperar: el propio Felipe VI subrayó los problemas en educación en el acto de apertura de curso en un colegio. El Rey definió la educación como “un derecho fundamental”.

Por esas mismas fechas, Pedro Sánchez propuso un pacto para aumentar el gasto en educación progresivamente hasta un 7% del PIB. Un par de meses más tarde, su partido insistiría también en blindar la sanidad y la educación en la Constitución.

A finales de octubre tendría lugar otra huelga de enseñanzas medias, con una duración de 72 horas. En este caso la convocaban, entre otros, IU, Podemos Círculo de educación Madrid, CCOO, UGT, diferentes mareas y otros colectivos sociales. Finalmente, el 20N se convocó de nuevo una huelga con su correspondiente Marea Verde, anticipada por una semana de protestas y encierros. 

El decreto 3+2 y la elitización de la enseñanza 

El año 2015 abre con la publicación de estudios poco esperanzadores que indican que las universidades públicas españolas, a pesar del aumento de las tasas, han perdido 1.500 millones de euros de 2010 a 2014. 

En este año no podían faltar las huelgas ni las Mareas Verdes, en este caso centradas contra el 3+2, un plan aprobado por decreto el 30 de enero que pretende sustituir el anteriormente implantado 4+1 (grados universitarios de cuatro años seguidos de másteres de uno) con el que se reemplazaron las licenciaturas y masters anteriores al plan Bolonia. Como su propio nombre indica, el 3+2 opta por grados de tres años seguidos por másteres de dos. El modelo, implantado en varios países de la UE (Francia, Alemania o Dinamarca, entre otros) presenta a ojos del alumnado el problema principal de encarecer los estudios, puesto que las tasas del máster son ahora mucho más caras que las del grado. También se critica el hecho de que tres años pueden ser escasos para muchas titulaciones, lo que forzaría a los alumnos que pudieran costeárselo a estudiar el máster, proyectando la desigualdad económica en el nivel de formación.  

La primera gran llamada de atención la dieron los propios rectores. A comienzos de febrero, reunidos en la CRUE (Conferencia de Rectores Españoles), decidieron no aplicar el plan de “flexibilización” universitaria hasta 2017, con 57 votos a favor frente a cinco abstenciones y el no de la universidad privada madrileña Camilo José Cela. 

A pesar de la moratoria acordada por los rectores, las huelgas no tardaron en llegar, y se convocaron para el 25 y 26 de febrero y el 17 y 18 de marzo. Durante el transcurso de las primeras se acusó a Wert de haber dado a entender que en último momento la huelga se había desconvocado, cuando había más de cien manifestaciones organizadas en toda España. Entre ambas huelgas, los estudiantes de las seis universidades públicas de la Comunidad de Madrid organizaron un referéndum no vinculante sobre el decreto de grados. De los 31.751 votos, un total de unos 30.000 estudiantes (el 97,61% ) aseguró no estar a favor de la reforma universitaria aprobada por el ministro Wert. Al poco, el Sindicato de Estudiantes entregó cerca de 150.000 firmas contra el 3+2 en el Ministerio de Educación, denunciando que iba a "devaluar" los títulos y a "expulsar a miles de alumnos y docentes" del sistema. El PSOE no tardó en prometer derogar el 3+2, cosa que también ha hecho Podemos, además de asegurar que recuperarán la asignatura de Educación para la Ciudadanía que la LOMCE suprimió.

La actividad legislativa prosigue. Tras la aprobación del decreto sobre el 3+2, el 29 de mayo ha sido aprobado otro Real decreto sobre la creación de nuevas universidades y la acreditación de universidades y de profesores. Con menor eco mediático que otros decretos recientes, tampoco le han faltado críticas por parte de los sindicatos y partidos de izquierda que consideran que el gobierno abre nuevas vías por fomentar las universidades privadas mientras reduce la inversión en las públicas.  

Otro dato desolador revelado recientemente es el de que España encabeza en Europa la tasa de fracaso escolar, según Eurostat (la oficina estadística de la UE). Mientras que la media europea está en un 11,1%, en España el 21,9% de los jóvenes entre 18 y 24 años abandona el sistema educativo. Esta media (aún más del doble de la europea) está lejos del horizonte del 15% fijado para el 2020. Al comienzo de su mandato el Gobierno justificaba la necesidad de una reforma en el elevado índice de fracaso. A punto de terminar la legislatura, seguimos teniendo el mismo problema.    

En este fin de curso, la mayor oposición que han recibido Wert y su ministerio ha venido de Cataluña, comunidad autónoma en la que no suscita muchas simpatías desde que abogó por “españolizar” a los alumnos catalanes o, más recientemente, por comparar la situación actual del castellano en Cataluña con la del catalán durante el franquismo (declaraciones por las que Ada Colau, antes de ser elegida alcaldesa de Barcelona, había tachado de “arrogantes e ignorantes” a los responsables y pedido el cese del ministro). A finales de mayo, los partidos, CiU, ERC, PSC, ICV-EUiA y la CUP se han "plantado" y han asegurado que se "mantendrán firmes" ante un "irresponsable" y "desproporcionado atentado" contra el catalán, el sistema de inmersión lingüística y la cohesión social en Cataluña. 

La forma en que el gobierno del Partido Popular ha gestionado la reforma de la educación y la reacción de los implicados y de toda la oposición no nos permiten augurar nada bueno. A la LOMCE parece aguardarle el mismo destino que a la ley Aznar, los cambios que han tenido lugar en las últimas elecciones autonómicas y municipales así lo auguran. Las protestas y controversias han producido cambios en la opinión pública de tal alcance que incluso en Autonomías donde gobierna el Partido Popular, como Madrid, se ha visto obligado a pactar, en este caso con Ciudadanos, que no hará más recortes ni privatizaciones en educación y sanidad. Nuevos interlocutores han hecho acto de presencia en la esfera pública. No sólo nuevos partidos políticos; también asociaciones y plataformas ciudadanas de padres y madres, docentes y estudiantes, defensores de la educación pública (Soy Pública y Yo estudié en la pública entre otras) están contribuyendo a la controversia en el contexto nuevo que han construido los medios de comunicación digitales. Si bien resulta inevitable que las cuestiones ideológicas jueguen su papel en el debate muchos abogan por un amplio acuerdo que evite el espectáculo lamentable de cambios de leyes educativas al son de las agendas políticas. Se demanda más diálogo y también una nueva actitud, como reclamaba Mariano Fernández Enguita en esta misma revista, una actitud que acabe con esa “guerra entre empresarios y funcionarios” y, sobre todo, que, por una vez, anteponga el interés público. Sin olvidar que España es parte de una Unión Europea en la que serían deseables soluciones conjuntas y estables en materia educativa. La opinión pública reclama que se aborden con seriedad los verdaderos problemas de la educación.

Todavía, después de aplicar una política de desinversión en educación y restricciones sin precedentes, al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, no le temblaba la voz al proclamar, en marzo pasado, que “la apuesta por la educación es lo mejor para España”. Nos ha recordado ese aforismo de Karl Kraus sobre los hipócritas: “Lo que hay que revelar no es que beben vino, sino que predican agua”.